Los esfuerzos del Poder Ejecutivo por crear "delitos" sin ley previa también contradicen las garantías constitucionales que el Gobierno dice resguardar, al menos para algunos. Los crímenes de lesa humanidad se hallan definidos y tipificados en el Estatuto de Roma, un tratado internacional al que adhirió la Argentina por ley en 2000 y que fue ratificado en el orden nacional por otra ley, en 2007.El Estatuto de Roma considera a aquellos crímenes como los "más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto", y que por su gravedad y sistematicidad trascienden a las víctimas individuales, pues agravian a la humanidad como género.
Nuestra legislación coherentemente los ha incorporado sólo a partir de 2007. Esto es, con mucha posterioridad a los presuntos "hechos" delictivos que ahora se pretende volver a investigar. De lo contrario, se afectaría un principio básico del derecho penal: la garantía de irretroactividad de la ley.Fuente: La Nación
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