Juicios de Lesa - Carta no publicada

       

  Leí en la Gaceta (25/6 pág. 4) el testimonio de la hija de uno de los desaparecidos en la guerra entre sediciosos subversivos y fuerzas armadas desarrollada en la década 1970, por el que atestiguaba la desaparición de su padre en enero de 1976 y que forma parte de la mega causa “Operativo Independencia”. 
Su relato -según manifestó- se basó en reconstruir lo que su madre y los compañeros de su padre le contaran. No fue testigo presencial y sin embargo es tomada su historia para sentenciar en este juicio. Agrega además el testimonio de otra persona secuestrada y que, aún vendados sus ojos,  pudo observar huellas de sangre que presupuso eran de su padre, confesándole que salvó su vida porque su familia pagó rescate (¿?). 
Respeto su relato. 
Ahora bien. Fernanda Viola estuvo presente en el momento en que los subversivos mataron a su padre y a su hermana de 3 años, sufriendo aún hoy las consecuencias del disparo que impactara en su cabeza. Ella no es aceptada como testigo. 

Lo curioso es que en el juicio aludido les tomaron testimonio a los que perpetraran la masacre a la familia Viola, quiénes se encuentran en libertad. Esclarece el tema la lectura de los artículos I y II de la Declaración Universal de DHH adoptada por la ONU el 10-12-1948 que dicen: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…”; “…Todas las personas tienen todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración sin distinción alguna…”. Nadie puede tolerar que tales derechos se violen. Tanto los cometidos por el Estado como por los llevados a cabo por el grupo subversivo que con su accionar, inició el lamentable tiempo del terrorismo en Argentina. Los hechos históricos son irrefutables y ellos nos dicen que el terrorismo de Estado se inició en gobiernos democráticos a partir del año 1973. En esos años ya los subversivos habían  comenzado sus actividades terroristas a fines de la década de 1960 cometiendo actos de guerra, según sus propias historias: se hacían llamar ejército; daban partes de guerra; tenían campos de entrenamiento militar para sus soldados como los descubiertos en Tucumán y Córdoba; se vestían con uniformes militares; tomaban fábricas del Estado en pleno gobierno democrático; secuestraban personas y las llamaban “prisioneros de guerra”; tenían armamento propio, redes de comunicaciones, recursos económicos importantes, cuentas bancarias multimillonarias en el exterior. 

Tenían su propio reglamento militar con sanciones y reglas establecidas para cada caso. En agosto de 1975 mataron al Cnel. Larrabure después de tenerlo cautivo 372 días porque no les reveló la fórmula de un explosivo (era ingeniero químico). Se sumaron muchas muertes inocentes perfectamente documentadas. La parcialidad de estos juicios de lesa humanidad es evidente. A juzgar por aquellos dichos, éstos no eran humanos. No tenían derechos. A ellos –tal lo sostenido por Perón- ni justicia. Todos los muertos tanto por el terrorismo de Estado como por el terrorismo sedicioso tienen un denominador común: todos eran argentinos. ¿Luego de 40 años no nos merecemos una reconciliación? Están los juicios a militares y fuerzas de seguridad ¿y los de los subversivos asesinos? Eso de “lesa humanidad” no se aplica en estos casos. Fue una guerra. Fueron dos bandos. Los dos asesinaron y torturaron. Los del Estado se seleccionaron a partir de 1976 ¿y los desde 1973? Los de los guerrilleros ¿cuándo?  

Luis VIDES ALMONACID